La seguridad, entonces, empezó considerarse como un factor clave y determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el pleno aseguramiento de sus derechos. Como resultado de ello, lo que anteriormente se conoció como “amenaza” sufrió una ampliación, básicamente, en dos dimensiones: el sujeto y sus fuentes. Por parte de los sujetos, esto significó que el Estado-nación había dejado de ser el actor exclusivo de la seguridad. Las personas, ahora, resultan un actor vital de la seguridad y, con ello, la consecuente desterritorialización de la seguridad. Del lado de las fuentes, se consideró el surgimiento de las llamadas “nuevas amenazas” (pobreza, los problemas ambientales, las epidemias, el terrorismo, entre otros) que tienen básicamente que ver con los derechos humanos, la calidad de vida de las personas o están asociados con factores del desarrollo.
Este hecho, planteó, también, la necesaria reforma del papel tradicional que deben jugar los aparatos de seguridad en tiempos de paz o en democracia. Por supuesto, ello, colocó el tema de la subordinación, de dichos aparatos de seguridad, al poder civil democráticamente electo, como una prioridad impostergable. En muchas sociedades, como las centroamericanas, por ejemplo, se dio prioridad al replanteamiento del ejercicio policial, cuyo enfoque, ahora, debería estar más orientado por los mecanismos de prevención y un menor peso a los medios represivos; al tiempo que se iniciaron reformas (parciales o profundas) a las instituciones castrenses (la misión de las fuerzas de seguridad, estructura, objetivos y doctrinas, tamaño y los costos, separación de funciones, profesionalización, democratización interna, efectivo control civil y legislativo, transparencia y rendición de cuentas). " Daniel Matul y Geanina DInarte.
Ya les contaré.